Usaron a Sonora como trampolín del tráfico de cocaína durante el Padresismo

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Reportaje del periódico de Arizona “Tucson Sentinel” desnuda nexos del gobierno anterior con el narco

Demian Duarte

Las verdaderas razones detrás del encarcelamiento en investigaciones en contra del ex gobernador Guillermo Padrés Elías y de al menos 12 integrantes de lo que fue su gabinete de gobierno, incluidos Roberto Romero López y Carlos Villalobos Organista, ex secretarios de gobierno y de hacienda, además de su hermano Miguel Padrés, su hijo Guillermo, es su involucramiento con el narcotráfico y en especial el “Cartel de Sinaloa”, revela en un amplio reportaje el  periódico de Arizona “Tucson Sentinel”.

En esa historia sale a relucir el nombre de Gualberto Gastelum López, quien actualmente está preso en el Centro de Readaptación Federal 4 ubicado en Tepic, Nayarit, por el delito de narcotráfico de Alfonso González Morillas, empresario sonorense identificado como propietario de la firma con sede en Cananea Diseños y Construcciones del Cobre S.A. de C.V., como quienes entregaban dinero producto del narco a Padrés y su equipo antes de ser elegido y a lo largo de su administración.

El artículo firmado por el reportero Paul Ingram y por el colaborador de ese medio Keith Rosenblum, documenta el ascenso y caída del padresismo y asegura que el ex gobernador y su equipo recibieron fuertes cantidades de dinero, referidas como millones de dólares para hacer su campaña política en 2009 y así derrotar por primera vez en la historia de Sonora al PRI, además de que posteriormente recibieron millones de parte de traficantes de cocaína como pago por el derecho de vía por la entidad.

“Padrés y su gente recibieron millones de dólares en aportaciones ilegales de campaña de parte de traficantes de cocaína, se apropiaron de cientos de millones de pesos de dinero público y además pagaron a sus amigos los favores recibidos por medio de contratos de gobierno y además cometieron fraudes para comprar caballos de carreras con valor de millones en Estados Unidos y Europa, mintiendo sobre su verdadero valor en aduanas”, anota el reportaje dado a conocer este martes 25 en ese medio (se puede consultar completo enhttp://www.tucsonsentinel.com/local/report/072417_sonora_gov/coke-smugglers-arrest-unravels-alleged-corruption-ex-sonora-governor/).

El medio señala que al menos 12 personas del círculo cercano al gobernador están involucrados, algunos de ellos están encarcelados en Estados Unidos, otros más bajo investigación y proceso, y otros tantos simplemente se dieron a la fuga y están prófugos de la justicia, además de integrantes de su familia como su hijo y su hermano Miguel.

El Sentinel narra que todo llegó a su fin a partir del 13 de septiembre de 2015, con el ascenso de Claudia Pavlovich al poder y el regreso del PRI, pues la actual gobernadora basó su campaña precisamente en la promesa de que investigaría a su antecesor, de modo que “el cuento de hadas político que inventaron los Padrés se colapsó y terminó en una serie de acusaciones criminales en contra del ex gobernador y su equipo”.

Recuerda que Padrés Elías se dio a la fuga y se ocultó por casi un año, ignorando requerimientos judiciales.

En ese sentido asegura que el hilo de la madeja del caso contra Padrés fue la detención de Gualberto Gastelum López, detenido por la PGR en una residencia del Club Los lagos el 29 de junio de 2015, y quien fue arrestado por haber sido encontrado haciendo disparos al aire y en posesión de un arsenal de armas largas, lo que propició que fuera procesado por la PGR, instancia a la que documentó por medio de confesiones y testimonios con detalles de como fue que se financió a Padrés, entregándole millones de dólares a Alfonso González, quien al final logró insertarlos dentro de la campaña política de 2009, para pagar gastos no reportados a la autoridad electoral.

Ese favor —asegura el reportaje— fue devuelto con una serie de contratos con valor superior a 600 millones de pesos, sin embargo refiere que a partir de la elección ambos personajes, (es decir Gualberto Gastelum y Alfonso González) se convierten en personajes clave para que lo que ocurriría entre 2009 y 2015.

El mismo Gastelum asegura que durante el gobierno de Padrés pagó cada semana 20 mil dólares al actual diputado Javier Dagnino Escobosa y entonces director del C4 a cambio de tener libertad operativa en la entidad para el trasiego de cocaína, lo que le habría permitido movilizar toneladas de es estupefaciente.

En ese sentido Gualberto Gastelum aseguró también que toda la operación estaba ligada a la estructura del Cártel de Sinaloa.

También reconoce que le realizó pagos directos a Guillermo Padrés y otros miembros de su administración a cambios de contratos de obra, de modo que hay documentado un pago por 2 millones 700 mil dólares a cambio de un contrato en la construcción del Estadio Sonora.

Según el reportaje Alfonso González Morillas fue recompensado por la anterior administración con un contrato para su empresa Diseños y Edificaciones del Cobre por 35 millones de dólares, es decir más de 600 millones de pesos para obras diversas, mismas que nunca fueron terminadas o al menos iniciadas, dichos contratos ampararon proyectos de infraestructura vial en Hermosillo y todo estaría documentado como parte de los expedientes que pesan contra Padrés y las personas que han sido procesadas dentro de su equipo de gobierno.

El Sentinel también asegura que los expedientes de investigación que vinculan a Padrés con el narco siguen abiertos, pues hay personajes clave en la trama como su hermano Miguel y algunos personajes que formaron parte del gabinete como Bernardo Campillo que están prófugos, por lo que no han podido ser sujetos a proceso.

Sin embargo refiere que las revelaciones de Gualberto Gastelum han llevado a una investigación federal en contra de prácticamente todos los que integraron la administración padresista y que incluso llevó a los arrestos de Roberto Romero, su esposa Mónica Robles y el ex secretario de Hacienda Carlos Villalobos, siendo que todos ellos están presos en un centro de control migratorio Eloy, Arizona y han interpuesto una serie de recursos legales para no ser deportados a México donde la PGR les espera para sujetarlos a proceso por esas acusaciones y otras que se han hecho públicas como tráfico de influencias, corrupción y enriquecimiento inexplicable.

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