Golpes en el bolsillo contra la corrupción

 

Pasión por los Negocios

Por Demian Duarte

 

Muy interesante el paso que dio la Fiscalía General del Estado al crear la nueva unidad especializada en inteligencia patrimonial y financiera, que es una nueva herramienta legal y un instrumento dotado de verdaderos dientes para acabar con la impunidad que ha prevalecido entre quienes cometen actos de corrupción en contra de los sonorenses.

Mire, ayer el fiscal Rodolfo Montes de Oca fue especifico y claro respecto a que no se puede violar de manera alguna el debido proceso, lo que incluye garantías a la presunción de inocencia y en particular a no señalar como culpables a los presuntos responsables, por más que puedan ser los villanos favoritos del momento.

El asunto es que se nombre a una profesional en materia investiga, que fungía como ministerio público en la misma dependencia, Alejandra Santiago Sainz, y quien ahora es cabeza de ese organismo denominado Unipaf, la misma funcionaria dijo que será implacable al investigar a todo aquel funcionario que haya cometido un acto de corrupción y golpear su fuerza económica.

Odracir Espinoza, el vicefiscal anticorrupción explicó que la dependencia a su cargo ha enfrentado artimañas y tecnicismos legales, como es la recurrente práctica de ampararse de parte de los presuntos responsables, lo que ha dilatado por meses y mese la acción de la justicia, razón por la que la Unipaf podrá ser una herramienta que los ex funcionarios señalados por hechos de corrupción, puedan al menos resentir en lo económico el costo legal de haber abusado de la confianza de los sonorenses.

Es decir, se respetará el precepto constitucional de que nadie es culpable hasta ser sentenciado, sin embargo en lo que respecta a los bienes mal habidos se procederá a su incautación y a partir de ahí se iniciarán juicios de extinción de dominio, de tal manera que la responsabilidad de determinar la legalidad de dichas medidas corresponderá a los integrantes del poder judicial, sea este el del estado o incluso el de la federación.

Y mire, se trata de una movida interesante que trabaja con la lógica de acabar con la impunidad, que a nivel de percepción prevalece, pues resulta evidente que si los enredos ligados a un procedimiento penal hace imposible encausar a los señalados, porque se ampararon, o porque interpusieron los 5 mil recursos legales que la abundancia de dinero les puede permitir, lo mínimo es que pueda resarcirse el daño patrimonial que hayan causado, y esto se puede hacer precisamente a través de la extinción de dominio, una estrategia jurídica que no es nueva y que recientemente el gobierno federal a través de la PGR impulsó como estrategia para incautar y al final de cuentas poder tomar en propiedad bienes ligados al narcotráfico.

Ayer la gobernadora Claudia Pavlovich, que atestiguó la instalación de esa nueva instancia, advirtió que se lograron 2 cosas en particular, por una parte empoderar al ciudadano y dar la posibilidad de hacer denuncias con el incentivo además de que podrá tener un ingreso relacionado a una parte del monto recuperado, pero además se consigue pegarles en el bolsillo a los corruptos, que es —dijo— donde más les duele.

Ayer de entrada se indicó que los inmuebles incautados a lo largo de las distintas investigaciones realizadas contra Guillermo Padres Elías, Carlos Villalobos, Roberto Romero y su esposa Mónica Robles, Luis Felipe Romero, Juan Valencia y hasta el ex director del Cecytes Martín Alejandro López García, por montos que a valor catastral equivalen a 585 millones de pesos, serán los primeros en someterse a ese procedimiento, de modo que el estado pueda recuperar una parte del dinero que fue sustraído por medio de distintas tácticas de las finanzas públicas.

Odracir Espinoza adelantado que se espeta avanzar en ese esquema y que pronto el monto de lo incautado podrá alcanzar lo mil millones de pesos, lo cual será muy positivo, pues en la lógica de todo lo que se ha dicho contra Guillermo Padrés y sus ex funcionarios, se presume que el quebranto para las finanzas del estado alcanzaron una cosa similar a 32 mil millones de pesos.

Es muy claro el rumbo que se está siguiendo a este respecto pues es una forma de buscar alternativas para que se haga justicia, luego de 30 meses, en los que ha quedado claro que es muy complicado procesar a alguien por los delitos de daño patrimonial las finanzas estatales y por supuesto por los delitos de corrupción, que para babarla de amolar en el código penal aparecen como delitos no graves al grado de que incluso probando plenamente la responsabilidad de algunos de estos personajes, la realidad es que resultaba muy complicado resarcirle al estado el quebranto.

Por eso la promulgación de la Ley de Extinción de Dominio, impulsada este viernes pasado por la gobernadora Pavlovich, fue un paso muy importante, que fue coronado este 30 de abril con la creación de la Unipaf.

Ahora usted puede esperar que en el corto plazo se den algunos pasos y medidas que poco a poco nos lleven a donde se quiere, que es a recuperar lo que algunos ex funcionarios interesados solo en su beneficio, se llevaron en perjuicio de los sonorenses.

Correspondencia a demiandu1@me.com

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