Réplica de tsunami social tumba reformas constitucionales de última hora

por Guillermo Frescas

Como si fuera una replica del tsunami electoral del primero de julio, la presión política de los partidos de la Coalición Juntos Haremos Historia sacudió al Poder Legislativo de Sonora que optó por dejar para después una serie de reformas constitucionales, denunciadas previamente como un “golpe de Estado legislativo”.

Desde muy temprano, a eso de las 6:30 de la mañana, el Congreso del Estado se llenó, primero de simpatizantes del PRI y de jóvenes del Instituto Sonorense de la Juventud, a quienes les abrieron anticipadamente el auditorio del pleno que comúnmente permanece cerrado para la prensa y los demás hasta que inician las sesiones.

Luego, alrededor de las 7:30 empezaron a arribar los simpatizantes de Morena, PES y PT, incluyendo a sus líderes estatales, Jacobo Mendoza, Jaime Moreno Berry y Martín Preciado, quienes encontraron ocupado el lugar que de pronto parecía listo para un encontronazo entre adversarios.

Antes de el inicio de la sesión, programado para las 9:00 horas, empezó a circular por redes sociales, particularmente por whats app, un comunicado donde la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano pedía a los legisladores no discutir esta iniciativa para abrir un proceso de mayor análisis, en atención a las inquietudes ciudadanas.

Al mismo tiempo, los porristas del ISJ empezaron a desalojar la sala del pleno, que pasó a ser ocupada por los simpatizantes de la Coalición JHH.

La espera estuvo llena de declaraciones, principalmente especulaciones, sobre la situación todavía poco clara del cual sería el derrotero que tomaría la sesión extraordinaria que recibió de vuelta a los diputados que participaron en la pasada contienda electoral.

Finalmente, entre gritos y buyas, la sesión extraordinaria se desarrolló conforme al orden del día que fue ajustado con la eliminación de cuatro puntos.

Se eliminaron las iniciativas referentes a la mejora regulatoria, en la que se incluían los controles legislativos para asignar nuevas condiciones para las reformas a la Constitución del Estado.

También se sacó del orden del día la reforma a la ley del Transporte que preveía entregar este servicio al cuidado de los ayuntamientos. Se desplazó también la ley de Planeación Estatal y un decreto sobre el agua potable de Puerto Peñasco.
Quedó también en el tintero, para mejores tiempos, la reforma para eliminar el fuero constitucional a los servidores públicos.

En medio del griterío de los simpatizantes de Morena, PT y PES lo que sí se realizó fue la lectura de los dictámenes relativos a diversas disposiciones del Código Civil y Ley de Notariado, la Ley Catastral y Registral, la Ley de Control Vehicular y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
Así mismo se sometió a dictamen reformas al artículo 212 M Bis de la Ley de Hacienda y la Ley de Asistencia Social, entre otras.
La manzana de la discordia que prendió las alarmas entre los opositores a la reforma constitucional de último momento, relacionado con la figura del veto, no venía contemplada en el orden del día desarrollado.

Posterior a la sesión, el presidente de la mesa  permanente, Diputado Rafael Buelna Clark admitió en rueda de prensa que la presión social fue el factor principal para posponer la dictaminación de las reformas constitucionales.

“No se desiste, solamente se da más tiempo de socialización, lo tendrán que platicar los grupos parlamentarios, se tendrán que establecer las reglas de qué manera se va a socializar y por supuesto escuchar todas las opiniones”, señaló.

 

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