Sistema Anticorrupción; Diez propuestas y una petición desesperada

por Marco Antonio Andrade Aguirre
andrade.aguirre@hotmail.com

In Memoriam a Kofi Annan, en Honor a su congruencia e integridad. Un Hombre imprescindible.

Durante la campaña escuche a Andrés Manuel López Obrador abordar en dos ocasiones el tema del Sistema Nacional Anticorrupción proponiendo, por una parte, “conservarlo y perfeccionarlo”, y por otra, “hacerle algunos ajustes para que funcione mejor”. Coincido totalmente.

Dicho sistema tiene la importancia de reunir en una sola mesa a las principales autoridades fiscalizadoras del gasto público, a los órganos responsables de investigar y sancionar hechos de corrupción y a un representante de la sociedad civil. No obstante, son una autoridad muy acotada.

Sin embargo, su valor agregado está en los orígenes de su creación y en haber sabido construir autoridades ciudadanizadas que, en la lógica de su naturaleza colegiada, puedan incidir en la aplicación de medidas más eficaces contra el fenómeno de la corrupción en el país.

Tampoco podemos soslayar que el SNA tiene una dimensión política fundamental para el presente y el futuro de la estabilidad de nuestro desarrollo económico, cuya importancia es tal que el tema de la corrupción forma parte de los capítulos centrales del TLCAN con EUA y Canadá. Ambos países requieren no únicamente seguridad jurídica en sus inversiones, sino que también exigen gobiernos y funcionarios libres de corrupción con mejores prácticas de gobierno.

Es decir, la importancia para enfrentar el binomio corrupción-impunidad, está en la agenda de las negociaciones del más alto nivel donde está por decidirse las nuevas reglas de la inversión extranjera de los principales socios comerciales de méxico.

Sin embargo, la otra cara de la moneda es que no existe actualmente órgano de gobierno, gobernante, ni funcionario de un señalamiento mínimo o una simple presunción de enriquecimiento indebido por su desempeño en la administración pública, cuyos notorios incrementos patrimoniales se traducen en verdaderas ofensas a la sociedad, tal y como lo expresaron las urnas el pasado primero de julio.

Nadie puede pasar por alto que el rigor y la exigencia ciudadana para que los gobernantes electos se conduzcan y administren los recursos y bienes públicos con apego a principios éticos, al igual que el posible advenimiento de nuevas formas de hacer política, parece que están proceso de cambio, cuya eventual transformación para hacer las cosas diferentes, representan una posibilidad histórica en la que el SNA en su conjunto puede contribuir, sin duda, en su realización.

El punto de partida es, en ese sentido, identificar la porosidad normativa o las deficiencias del sistema a partir de su estructura orgánica actual contenidas en la propia legislación local.

El primer dardo de precisión al efecto es amplificar el marco de atribuciones para dotar de facultades sustantivas al CPC para que, en congruencia con su representatividad, pueda convocar o solicitar la realización de consultas, plebiscitos o referéndums relacionados con la aplicación de políticas públicas en materia de proyectos de inversión y desarrollo social. Otorgándole también el derecho de Iniciativa legislativa en leyes secundarias de gasto y fiscalización de jurisdicción local.

Además, y considerando los diversos hoyos negros de las leyes anticorrupción, es necesario rediseñar el sistema local a partir de una innovación legislativa para establecer la Responsabilidad Solidaria del Superior Jerárquico por el nombramiento otorgado y por delitos de sus subalternos, cuya medida podría reducir el circulo vicioso de las complicidades generadas por la corrupción.

Las Diez propuestas

1.- Ampliar el régimen de facultades del CPC para convocar o solicitar la celebración de procesos de consulta pública, plebiscitos, referéndums o iniciativa popular conforme a la Ley de Participación Ciudadana para el Estado.

2.- Otorgar Derecho de Iniciativa legislativa al SEA de manera limitada a leyes secundarias en materia anticorrupción, fiscalización y normas de responsabilidad civil, penal y administrativa de funcionarios estatales y municipales.

3.- Incrementar a seis el número de integrantes del CPC para permitir la paridad y equidad de género en su integración en forma obligatoria y no discrecional como ahora se contempla.

4.- Establecer el voto compatible para que los acuerdos oficiales del SEA se adopten por mayoría simple entre los integrantes del CPC y las seis autoridades representativas, otorgando voto de desempate al secretario técnico.

5.- Crear la figura de la Responsabilidad Solidaria del Superior Jerárquico por actos, omisiones, faltas o sanciones por ejercicio indebido de facultades o abuso de poder cometidas por funcionarios designados directamente por el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ayuntamientos y Organismos Autónomos en materia de manejo, control, autorización del gasto y adjudicación y contratación de obras.

6.- La obligación del Presidente del CPC para comparecer ante el Congreso de Estado a presentar un Informe de actividades y resultados institucionales, ampliando las atribuciones del Pleno para su análisis y aprobación.

7.- Incorporar la Revocación o Suspensión del Nombramiento de los Integrantes de la Comisión Seleccionadora y del Comité de Participacion Ciudadana por causas supervenientes o conflicto de interés personal, político o partidario.

8.- Explorar legalmente la posibilidad de que las Recomendaciones del CC sean de naturaleza jurídica vinculante u obligatoria para los tres poderes del estado y los gobiernos municipales

9.- Es necesario también precisar cada una de las etapas y plazos procesales para la selección de los integrantes del CPC con el propósito de otorgar mayor certeza jurídica a dicho proceso.

10.- Y finalmente, elevar a rango obligatorio la regionalización del CPC.

La petición desesperada, como diría Neruda.

La Comisión Seleccionadora del CPC se integra, por disposición de ley, con nueve ciudadanos designados por el Congreso del Estado, cuyo mandato fue otorgado a la actual Comisión el 8 de junio del 2017 por un periodo de tres años como lo contempla la legislación en la materia.

Dicho Órgano colegiado se encuentra actualmente incompleto en razón de la renuncia de tres de sus integrantes, cuya circunstancia no impide, sin embargo, su funcionamiento ni la validez jurídica de sus acuerdos, según lo dispone expresamente el artículo 18, fracción II de la Ley del SEA, cuya dimisión personal es necesario sean aprobadas por el Pleno del Congreso para proceder a su sustitución, previo análisis de las causas reales que las motivan a efecto de evitar se actualicen dos delitos y la probable responsabilidad penal de los renunciantes.

En consecuencia, es pertinente que la próxima Legislatura proceda en su oportunidad a nombrar a los tres nuevos integrantes de dicha Comisión, cuidando de no designar a tres futuros candidatos. Salud.

 

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