Atributos del nuevo Fiscal

por Marco Antonio Andrade Aguirre

andrade.aguirre@hotmail.com

La incontenible inseguridad y el incremento de delitos y hechos criminales de alto impacto que en el pasado reciente veíamos ajenos a nuestra vida cotidiana y tan lejanos a Sonora, llegaron sin advertencia ni preparación profesional, técnica ni operativa de ninguna autoridad.

En las calles de las principales ciudades o en los pequeños pueblos suceden indistintamente balaceras, acompañadas de acribillados, desaparecidos, levantados, asaltados, secuestrados, torturados, personas o familias extorsionadas, o policías fatalmente emboscados que se han convertido, lamentablemente, en noticia normalizada en los últimos años en la entidad.

La realidad es que ningún municipio ni región sonorense está exenta, como también acontece en el resto del país, de la presencia activa del crimen ni de la delincuencia organizada, misma que aunada a la inocultable descomposición social en todas sus manifestaciones, como la corrupción y la pérdida de los valores básicos, conforman un coctel explosivo cada vez más complejo de contener o eliminar.

Sin mencionar la actitud incomprensible de lo que el ex gobernador Eduardo Bours llamaba el “cinismo social”, y en algunos casos, la apología del delito, y los mas grave aun, la adulación o el servilismo al delincuente.

Lo que antes era nota roja por delitos de sangre en Guerrero, Veracruz, Jalisco o Tamaulipas, ahora lo es también en Sonora, cuya frecuencia tiende a relajar nuestra capacidad de asombro o de indignación colectiva por el temor a la represalia o al riesgo que representa la denuncia o el activismo opositor contra la delincuencia. Silencio. El futuro nos alcanzo.

La situación actual es más grave y complicada de lo que las estadísticas señalan. Bien se dijo recientemente que existe una delincuencia organizada frente a autoridades desorganizadas. Tremenda realidad que, sin embargo, es lógico afirmar no está al alcance resolver de las capacidades unipersonales de un Fiscal o de un Director de Seguridad Publica.

Las renuncias de ambos funcionarios, Rodolfo Montes de Oca y Adolfo García Morales, no resuelven ningún problema, ni mucho menos las causas que los originan. Ojala que esa fuera la solución, pero no lo es. Las razones de la delincuencia son otras y son multifactoriales.

Por el contrario, dichas renuncias pudieran agravarla si en su lugar se designan de manera improvisada o bajo criterios de cuotas político-partidistas a quienes deben sustituirlos, tal y como ahora ocurre precisamente con los principales funcionarios del congreso del estado.

Bajo esta premisa, la designación del nuevo Fiscal se presenta dentro de un entorno complejo y un escenario de violencia e impunidad inéditas. Es innegable que el uso delincuencial y la detonación de armas de fuego en forma sistemática se han convertido en cosa cotidiana. Igual que los enfrentamientos y muertes violentas sin distinción de ciudades, lugares o colonias. Lo mismo aparece un cuerpo acribillado en Pueblitos que una balacera en Los Lagos.

No hay registro en Sonora de cinco policías rafageados como sucedió hace pocos días en Guaymas y después paso lo mismo con un policía municipal en Hermosillo, cuyos hechos pusieron en evidencia la falta de una estrategia preventiva y la ausencia de mecanismos de coordinación interinstitucional entre las policías y los órganos de seguridad pública para cumplir la responsabilidad fundamental de proteger la seguridad, la vida y el patrimonio de los ciudadanos.

Los delitos patrimoniales como el robo o los delitos contra la vida como el homicidio, están incontrolables. El argumento recurrente de las autoridades del llamado “efecto cucaracha” o la simple retorica para minimizar los hechos de que “tenían antecedentes penales” o “eran de otros estados”, es inadmisible.

Nadie cuestiona la procedencia ni la oriundez de los delincuentes, sino la urgente necesidad de evitar más muertes y reducir los riesgos por la violencia común o la disputa del territorio.

El problema de fondo, sin embargo, es la ineficacia gubernamental contra la delincuencia. Ya nadie nos sentimos tranquilos ni seguros. Estamos vulnerables y cada día más expuestos a ser víctimas de una agresión violenta, sin distinción de edad, género o condición socioeconómica.

Edgardo Buscaglia, un investigador experto en delincuencia y corrupción, considera que el “fenómeno atomizado” de los delincuentes, que se trasladan de un lugar a otro, es una eficaz estrategia utilizada por las organizaciones criminales para evadirse de la justicia protegidos por la red de complicidades creadas con funcionarios, jueces y fiscales en todos los estados del país, aprovechando el supuesto vinculo triangular delincuencia-politica-narcotrafico sobre el que Buscaglia dice “la delincuencia organizada mas organizada en méxico, es la politica.” (SIC).

Adicionalmente, es importante mencionar que existen diversos estudios sobre los índices del desempeño y los resultados contra la delincuencia y la prevención del delito en los que Sonora aparece mal calificada como el cuarto Estado con un déficit mayor al 90% de impunidad, según el Índice del Estado de Derecho recién publicado por el World Justice Proyect (WJP).

En tal sentido, estamos evaluados dentro de los 10 Estados con un 0.36 de eficacia policial que representa uno de los más bajos en el combate a la delincuencia y a la falta de investigaciones solidas o jurídicamente deficientes, cuyo resultado se atribuye a la escasa capacitación de fiscales (SIC) en el conocimiento de las técnicas operativas del nuevo sistema de justicia penal.

En ese contexto, es indispensable que el Congreso realice una valoración seria, imparcial y exhaustiva sobre los atributos y las características profesionales del nuevo Fiscal, mismas que en nuestra opinión, es necesario profundizar para identificar las cualidades siguientes:

APTITUDES, CUALIDADES Y ATRIBUTOS INDISPENSABLES

1.- Capacidad técnica y experiencia profesional en materia de ciencias penales y trayectoria en el sistema de procuración y administración de justicia penal.

2.- Conocimientos óptimos en derecho penal sustantivo local y adjetivo nacional.

3.- Integridad y probidad personal caracterizada por su ética pública y privada reconocidas.

4.- Aptitudes de liderazgo y habilidades para dirigir grupos de trabajo en situaciones críticas.

5.- Tener una trayectoria ciudadana independiente a partidos y grupos de interés específicos.

6.- No estar afiliado, ni ser adherente ni militante de ningún partido político, incluyendo, no haber sido candidato partidario ni ocupado cargo público de elección popular local o federal.

7.- Presentar un examen antidoping previo a su protesta constitucional para comprobar la inexistencia de adicciones de cualquier naturaleza que pudieran afectar el desempeño personal o comprometer la imagen y el funcionamiento institucional de la fiscalía.

8.- Presentar la declaración patrimonial, fiscal y conflicto de interés previo a su designación, cuyo propósito es conocer públicamente la situación económica actual del nuevo Fiscal y su evolución anual hasta la terminación del cargo.

9.- Acreditar estudios preferentes o el máximo grado académico como profesional del derecho con conocimientos especializados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral a efecto de garantizar a la sociedad la designación de un Fiscal competente y experto en el dominio técnico de integración de carpetas de investigación y procesos penales relacionados con delitos del fuero común, anticorrupción y delitos de servidores públicos.

10.- Presentar la anuencia de universidades o escuelas de derecho que validen, en forma complementaria al Consejo Ciudadano para la Seguridad Publica, la formación, trayectoria, trabajos y aportaciones académicas y el historial o prestigio curricular del aspirante.

Es decir, ante la expansión de la violencia en las ciudades con mayor población del Estado como Obregón, Guaymas, Hermosillo y Nogales, entre otras, es necesario designar un Fiscal que no únicamente cumpla los requisitos legales del cargo, sino que además, tenga un perfil con aptitudes y cualidades integrales para encarar tan alta responsabilidad, cuya encomienda será buscar reducir al mínimo posible los índices de violencia, inseguridad e impunidad a lo largo y ancho del territorio sonorense. Aun estamos a tiempo.

Tampoco necesitamos un Fiscal de hierro, ciertamente, sino un personaje capaz y estratégico, sensible, pero a su vez, inflexible ante la omisión, la ineficacia o la indolencia policial para generar resultados positivos para proteger de manera permanente los derechos humanos individuales de las personas y los colectivos de la sociedad.

Sonora necesita un Fiscal garante de la legalidad, seguridad y la estabilidad social, nada más.

Un Fiscal de adeveras.

Salud.

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