Cuestiona diputado Eduardo Urbina a candidatos a Fiscal General de Justicia

Hermosillo, Sonora; 13 de Noviembre de 2018.- Cuestionamientos que van desde presupuesto para operar hasta la posible remoción de los vicefiscales anticorrupción y el especial de delitos electorales fueron asuntos que el legislador Eduardo Urbina Lucero, abordó a aspirantes a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora quienes comparecieron ante integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

El legislador del Partido Acción Nacional e integrante de la Comisión cuestionó a los ciudadanos Jesús Gabino Cabanillas Herrera, Claudia Índira Contreras Córdova y Rafael Ramírez Leyva quienes conforman la terna enviada por el Gobierno del Estado, para conocer la posibilidad de remover de sus cargos a los titulares de la Fiscalía Anticorrupción y la Especial de Delitos Electorales cuyas funciones no han sido imparciales como el Grupo Parlamentario del PAN ha mencionado anteriormente.

“Es necesario conocer el punto de vista de quien fungirá como Fiscal General de Justicia del Estado y para ello, lanzamos preguntas en materia de presupuesto, ya que Sonora ocupa el lugar número siete en presupuesto per cápita en comparación con las demás fiscalías del País y el ex fiscal ya ha mencionado que hay un déficit de 600 millones de pesos”.

Además de otras preguntas sobre la figura de Asesor Jurídico de las Víctimas, opinión sobre la legalización de la mariguana, como estandarizar el uso de los ministerios públicos para que no sean utilizados de manera discrecional, sentencias condenatorias y legítima defensa.

Ante miembros de la Comisión dictaminadora, los aspirantes presentaron sus proyectos de trabajo y respondieron a los cuestionamientos de los integrantes en un lapso de hora y media por candidato con el objetivo de determinar quién ocupará dicho cargo que será votado en sesión ordinaria del Congreso del Estado.

El Grupo Parlamentario del PAN reiteró el compromiso de velar por un Fiscal que ejerza sus funciones apegado a la autonomía, perfil apartidista que garantice la procuración de justicia sin compromisos políticos.

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