Turnó el ISAF hallazgos a la Auditoría Superior de la Federación por uso de recursos del Ramo 33

Hermosillo, Son., noviembre 27 de 2018.- El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización turnó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 889 hallazgos resultado de la revisión de los recursos del Ramo General 33: Aportaciones Federales transferidos al Gobierno del Estado y los municipios, de los cuales 92 son a sujetos fiscalizados del ámbito estatal y 797 al municipal, informó Jesús Ramón Moya Grijalva.


Durante su comparecencia ante el Pleno de la LXII Legislatura, el Auditor Mayor del ISAF expuso que es responsabilidad de este órgano técnico el seguimiento de posibles irregularidades en el manejo de estos recursos, aunque reconoció que existe un aspecto limitante, que consiste en que no pueden establecer la responsabilidad, ya que ésta es facultad de la ASF.

“El Sistema Nacional de Fiscalización establece que, si bien podemos realizar revisiones, los hallazgos deben ser notificados a la Auditoría Superior de la Federación para darles seguimiento”, aseveró Moya Grijalva.

Agregó que, como parte de la fiscalización del ejercicio 2017, se realizaron auditorías de desempeño y auditorías legales, cuyos resultados generan recomendaciones con el objetivo de la mejora en la gestión pública. Los principales hallazgos en cuanto al desempeño son: carencias en el contenido de los planes municipales de desarrollo, incumplimiento en programación-presupuestación, deficiencias en la recaudación del ingreso y ejercicio del gasto.

También carencia de información en servicios públicos, deficiencias en control interno y falta de sistemas de evaluación al desempeño, mientras que las recomendaciones a la totalidad de los sujetos fiscalizados de carácter público fueron en los aspectos como regularizar la falta de retención de cuotas al ISSSTESON sobre la base del salario integrado que marca la Ley, regularizar la retención de ISR sobre sueldos y fortalecer las medidas de control interno para que las adquisiciones respeten el principio de economía, informó.

El Auditor Mayor del ISAF explicó que desde la entrega de los informes de resultados de las cuentas públicas del Estado y de los municipios del ejercicio 2017, el pasado 22 de agosto, presentó propuestas de modificación a diversas disposiciones legales, como a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Además del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, y la promulgación de una ley estatal de coordinación fiscal, a consideración de los integrantes de la LXII Legislatura, sostuvo Moya Grijalva, quien enunció una serie de áreas de oportunidad para la administración pública estatal, a saber:

Contrataciones de los servicios del sector público, alineación entre planeación, programación y presupuestación, mejora del control interno de las instituciones, control de riesgos en el manejo de información, correcta supervisión de la ejecución de obras públicas, contar con sistemas de contabilidad y la apertura de cuentas bancarias específicas para el manejo de recursos públicos.

El titular del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización sostuvo que una de las limitantes para la fiscalización del ejercicio 2017 fue la reforma a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Sonora, publicada el 11 de mayo de 2018, misma que no eliminaba los principios de anualidad y posteridad para la fiscalización de las cuentas públicas, lo que limitó el inicio de las auditorías hasta prácticamente febrero de 2018.

Además de que planteaba la publicación del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones hasta el primer trimestre de este año, dijo Moya Grijalva, quien advirtió la importancia de que esta Soberanía considere el hecho de que ahora disponen de un periodo de 60 a 70 días hábiles para realizar la auditoría, y las sanciones por incumplimiento a sujetos fiscalizados dieron como resultado 16 multas al Estado y 295 a municipios, 20 amonestaciones al primero y 32 al segundo.

En cuanto a observaciones determinadas durante el proceso de fiscalización del ejercicio 2017, Moya Grijalva señaló que encontraron 5 mil 810 hallazgos, de los cuales mil 386 fueron al Poder Ejecutivo, trece al Legislativo, doce al Judicial, 174 a organismos autónomos, 4 mil 175 a municipios, uno a asociaciones civiles y 49 a sindicatos.

Hicieron preguntas los diputados Ernestina Castro Valenzuela, por MORENA; Rosa Icela Martínez Espinoza, por el PRI; Carlos Navarrete Aguirre, por el PES; Rodolfo Lizárraga Arellano, por el PT; Jesús Eduardo Urbina Lucero, por el PAN; Fermín Trujillo Fuentes, por Nueva Alianza; María Dolores Del Río Sánchez, por Movimiento Ciudadano y Luis Mario Rivera Aguilar, por el PVEM.

Cuestionaron la aprobación de las cuentas públicas 2017 de municipios como Hermosillo, Cajeme y Guaymas, mismas que fueron reprobadas por mayoría del Pleno el pasado octubre; cuántas denuncias ha interpuesto el ISAF con motivo de las irregularidades detectadas desde que encabeza el organismo; se le dijo que existe la percepción de que no tiene autonomía para desempeñar el cargo por posibles vínculos con el Gobierno del Estado para maquillar los resultados de las cuentas públicas.

Qué se ha hecho para subsanar los posibles desvíos detectados en el Estado y los ayuntamientos y qué estado presentan; que su paso por la Dirección Administrativa del Congreso (noviembre 2004-marzo 2017) arroja dudas sobre su desempeño, ya que debieron pasar por sus manos autorizaciones y firmas de pago a proveedores diversos; si en su designación como titular del ISAF existió conflicto de interés por el cargo que desempeñaba y si se percató de las irregularidades que dieron lugar a la estafa maestra y la “Operación Safiro”.

También se le preguntó si el ISAF prevé utilizar herramientas, reglamentos u otras disposiciones para la armonización contable a todos los ayuntamientos, que no se observa en los informes los indicios de acciones para atender la situación financiera del ISSSTESON, los motivos para no dar a conocer quiénes son los responsables de las irregularidades, si cumplía con el perfil para ocupar el cargo y que si qué va a pasar con los ex presidentes municipales cuyas cuentas públicas fueron reprobadas por el Congreso del Estado.

Se le preguntó por qué esperar a que la Auditoría Superior de la Federación resuelva el caso Telemax, cómo es el proceso para que una cuenta pública llegue al Congreso, si hay una cultura real en el ejercicio de los recursos por parte de los servidores públicos, si hay una ruta jurídica en el caso de las cuentas municipales reprobadas, qué tan subjetiva es la calificación que dan o qué tan objetivos son los parámetros que tienen para calificar las cuentas, si la cuenta del Estado debería aprobarse o reprobarse, como las de los ayuntamientos, en qué consisten las modificaciones a normas legales que propone y qué se ha hecho para lograr la mejora administrativa en los ayuntamientos.

El Auditor Mayor del ISAF respondió que a su paso por la Dirección General Administrativa del Congreso del Estado se aplicaron normas estrictas sobre el manejo de recursos públicos; se establecieron controles administrativos que permitieron verificar la validez de las empresas proveedoras, de las cuales se tenían registros y constancia de su existencia, por lo que descartó que existieran empresas fantasma.

Agregó que en cuanto a su autonomía no estaría parado en la tribuna si no fuera así, que tiene total libertad para ejercer las acciones en su desempeño, ya que protestó cumplir y hacer cumplir la Ley; que no le va a temblar la mano para, de así proceder, señalar las irregularidades en que incurran amistades, las que dijo, puede tener más no cometer omisión.

Sobre aprobación a las cuentas de municipios como Hermosillo, Cajeme y Guaymas, indicó que fue así porque sus informes financieros así lo ameritaban e incluso, en este 2018 ya empezaron la revisión de este año, y de las 4 mil 175 observaciones a los municipios se detectó que están asociadas a prácticas contables que establecía la Ley en 2008 y que a la fecha no han resuelto, ya que la mayoría de los ayuntamientos no tienen capacidad para atenderlas al no contar con sistemas sistemáticos contables adecuados.

Lo anterior representa un reto para esta Legislatura, de crear un programa especial para los sistemas contables de los ayuntamientos, sostuvo Moya Grijalva, ya que ahora el incumplimiento de la norma por parte de un Tesorero Municipal implica pena corporal, y en cuanto al ISSSTESON, dijo que hay denuncias por los ejercicios 2013, 2014 y 2015. De esta última existen 86 procedimientos resarcitorios por 633 millones de pesos, además de que han llevado a cabo compulsas de los pagos que realiza el Gobierno del Estado a la institución.

Del ejercicio estatal 2016 hay dos expedientes en trámite por 602 millones de pesos, en los cuales se aplicó la anterior normatividad para trabajar en materia resarcitoria, y sobre la reprobación del Pleno a cuentas de los municipios que sí había aprobado el ISAF, consideró que se trata de un acto político de la Legislatura, ya que lo que el órgano técnico hace es continuar las investigaciones conforme al proceso jurídico que establece la Ley y las notificaciones a la ASF.

Si tenía o no el perfil adecuado para el puesto eso no le corresponde a él determinarlo, consideró, ya que fue seleccionado por un comité de evaluación que entregó la terna a las comisiones Anticorrupción y de Fiscalización, quienes remitieron las propuestas al Pleno (27 de abril de 2017), y aseguró que entiende las inquietudes de diputados que se han pronunciado sobre el saqueo de recursos en municipios como Hermosillo, Guaymas y Navojoa.

“Tengan la seguridad de que haremos del conocimiento de esta Legislatura en los informes individuales de auditoría lo que se ha encontrado a este respecto”, aseveró, tras pronunciarse dispuesto a escuchar todas las propuestas de los diputados, a efecto de modificar y actualizar los esquemas de evaluación municipal.

Para la evaluación de las cuentas del ejercicio 2017 se utilizó una nueva propuesta, ya que la anterior metodología sacaba promedios ponderados de todos los ayuntamientos y contra eso se llevaba a cabo la calificación, informó, lo cual dejaba en desventaja a los procesos municipales y hoy se califica monto observado contra monto ejercido, en una evaluación de aproximadamente 130 elementos.

Moya Grijalva afirmó que la cuenta pública se empieza a construir desde el proceso de planeación, programación y presupuestación de los entes públicos que se presenta cada año a esta Soberanía; que el Estado tiene más estructura y por lo tanto atiende más fácilmente los hallazgos; que el 99 por ciento de las instituciones permitió el acceso a la realización de auditorías; que moficar el status de Municipio aprobado a reprobado es una condición que puede cambiar porque la calificación queda a juicio de la cámara si existen los elementos para así considerarlo.

Agregó que los análisis no son subjetivos, ya que se parte de elementos objetivos, medibles y cuantificables; que hoy gracias a las reformas a la Ley de Fiscalización se pueden revisar los fondos federales; que es tarea de esta Legislatura decidir si en adelante se aprueba o reprueba la cuenta del Estado; que trabaja de cerca con la Fiscalía Anticorrupción en el cumplimiento de los requisitos normativos que establece la Ley; y que 15 municipios ya respondieron que sí desean llevar a cabo convenio de no reincidencia.

El titular del ISAF reconoció tres cosas: los esfuerzos de la sociedad e instituciones por tener una mejor administración pública, con servidores que se conduzcan en el marco de la Ley; que poder entregarle a los ciudadanos lo que exigen es tarea impostergable; y que existen dudas sobre la actuación del ISAF, pero que también es momento de construir una estructura que realmente lleve al combate y la eliminación de la corrupción.

“En el ISAF le apostamos a la integridad y a modificar la conducta de los servidores públicos con ética y actualización permanente, pero también a que apliquemos todas las sanciones que la Ley nos da a la mano para poder generar la advertencia de que, en el momento oportuno, la autoridad está ahí para vigilar el gasto público”, externó.

El Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización les dijo a los diputados que tengan por seguro que lo que aparece en los medios de comunicación relacionado con el ejercicio del gasto público del Estado y municipios lo retoman día a día, y ha dado instrucciones para que lo incorporen en los programas de auditoría.

En esta sesión ordinaria se aprobó un exhorto con punto de Acuerdo dirigido al titular de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura del Gobierno Federal, para que se respeten los acuerdos tomados en la instalación del comité consultivo del manejo comercial de merluza, en cuya acta del 12 de noviembre de 2015, se estableció que, ante la eventual comercialización de los permisos respectivos, se daría prioridad al sector pesquero que tradicionalmente ha capturado este recurso.

El diputado Lázaro Espinoza Mendívil hizo la propuesta para que se respete, dijo, el derecho histórico de los pescadores de Sonora y Baja California, de ser beneficiados, en primer orden, con los permisos de pesca comercial de merluza antes de otorgar permisos a nuevas embarcaciones, y a la titular del Ejecutivo estatal, para que realice las acciones necesarias de defensa del derecho histórico de los pescadores sonorenses.

Para ver la comparecencia completa del funcionario, que se transmitió en vivo como todas las sesiones de Pleno, se puede acceder a la página oficial de YOUTUBE del Congreso del Estado de Sonora. La próxima sesión del Pleno se citó para este jueves 29 de noviembre, a las 09:00 horas.

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