La pesada mano de “Jorgito”

por Arturo Soto Munguia

Hace un par de semanas, cuando a Petra Santos Ortiz, entonces delegada (o representante) de Sedatu en Sonora se le preguntó por el famoso memorándum presidencial que anticipaba la guillotina, y la eventualidad de que el “súper delegado” Jorge Taddei Bringas le “pidiera la bola”, la sanluisina respondió con un dejo de sorna.

A mí me puso López Obrador y sólo él puede quitarme. ¿Jorgito? A Jorgito lo cargué en los brazos ¿qué puede decirme?, además yo estoy más identificada con el proyecto de nación de Andrés Manuel, yo he militado siempre en la izquierda, desde el Partido Comunista y jamás he apoyado a candidatos de otros partidos, como lo hizo Jorgito en el año 2000 cuando impulsó el ‘voto útil’ a favor de Vicente Fox, dijo, palabras más, palabras menos.

A la vuelta de los días, Petra está fuera de la delegación de Sedatu y, de acuerdo con su más reciente versión, fue vetada por Taddei Bringas, a quien reconoce mucho peso en ese tipo de decisiones, y sostiene que su salida se debió al anuncio hecho desde aquella primera rueda de prensa en la que advirtió que denunciaría a prominentes miembros de la oligarquía sonorense que se han apropiado ilegalmente de terrenos federales.

Ayer mismo hubo un par de manifestaciones: una promovida por Barbarita Gutiérrez, una activista que comenzó en el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, mejor conocido como el Ferrocarril y que ha transitado en el apoyo a priistas, panistas y ahora a morenistas.

Junto a un grupo de ejidatarios, exigen la reinstalación de Petra Santos en Sedatu.

Otra manifestación se registró en las propias oficinas de la secretaría del Bienestar, donde despacha Jorge Taddei, por parte de una organización llamada Coordinadora Nacional para la Defensa de la Vivienda Popular, que dirige César del Pardo Escalante, un tipo que, a decir de los morenistas se asume como luchador social, pero cobra muy bien con la derecha para golpear a la izquierda.

Estas manifestaciones no le quitan el sueño al súper delegado, o al menos no le preocuparían tanto como las consecuencias de haber abierto un frente con el grupo de Marcelo Ebrard, representado en Sonora por la misma Petra Santos y el actual delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Benjamín Hurtado Aguirre.

Esta confrontación evidencia fisuras en ese movimiento que aglutinó en campaña a diversas corrientes y personajes de origen variopinto, pero que ya en el gobierno comienzan a mostrar sus diferencias, intereses y sobre todo, expectativas rumbo a las futuras pizcas electorales.

En esto de las puñaladas traperas, zancadillas, piquetes de ojos y ondas gruperas, la 4T tampoco está mostrando muchas diferencias respecto a lo que sucedía en gobiernos priistas y panistas.

Con el agregado de que aquellos, como dijo alguien por ahí, no se daban golpes de pecho asumiéndose representantes de una nueva clase política dispuesta a dejar atrás esas viejas y perniciosas prácticas.

Perniciosas, porque tienen el rancho ardiendo en varios municipios y en las propias dependencias federales donde los recortes presupuestales están haciendo estragos, dificultando el ejercicio de sus políticas públicas, mientras ellos se encuentran enfrascados en sus disputas políticas internas, en las que también se inscribe el leñazo que a través de Proceso le propinaron a la comisionada nacional del deporte, Ana Gabriela Guevara, a la que ubican el en carril de la corrupción y el uso de recursos públicos para su promoción prelectoral.

Y eso que los tiempos oficiales para la definición de precandidaturas están lejanos, así que ya se pueden sacar cuentas sobre la intensidad de estos pleitos conforme se acerquen más esos tiempos.

II

Desde 2017, Hermosillo se cuenta entre las 11 ciudades más atractivas para migrantes (mexicanos y centroamericanos) que son deportados desde Estados Unidos.

En ese año no comenzaba aún la crisis migratoria que estalló en estos días y que anticipa un incremento en las deportaciones, especialmente de migrantes que iniciaron sus trámites de asilo político en el vecino país del norte, y que tendrían que esperar hasta un año para saber si se les autorizó o no.

Mientras eso ocurre, su estancia en México deberá ser solventada por el gobierno de este país, atendiendo sus necesidades de vivienda, alimentación, empleo, salud, entre otras.

El presidente de la República ha dicho que los recursos para mantener a estas personas provendrán de la venta del avión presidencial y otras aeronaves, pero dicha transacción aún no se realiza ni tiene un plazo para concretarse, y la llegada de migrantes deportados se sumará a la de aquellos que siguen llegando porque ya se encuentran en tránsito hacia el norte, y a los que ya se encuentran aquí.

Los estados fronterizos, como Sonora, serán sin duda los más afectados por esta situación y por eso se justifica el llamado de la gobernadora Claudia Pavlovich al gobierno federal para que defina ya los montos y destinos de recursos para atender la emergencia.

La situación en los municipios sonorenses no es, ni lejanamente, la mejor en estos días y aunque por razones humanitarias se debe garantizar la atención de los migrantes, es claro que ante los limitados recursos, podría suceder que se jale la cobija para cubrirlos, pero con ello se descobije a los propios sonorenses.

El reto no es sencillo, y la respuesta no se ve cercana. Podemos estar a las puertas de una crisis que no se había vivido nunca.

III

Y a propósito de Hermosillo y el tema de la seguridad, ayer arrancó un programa que coordinará el comisario de Seguridad Luis Alberto Campa Lastra y en el que participarán transversalmente diversas dependencias del ayuntamiento.

De acuerdo con lo informado por la alcaldesa Célida López Cárdenas, esta estrategia busca transformar la realidad de las familias, sobre todo aquellas que viven en los 10 sectores del municipio donde se presentan los índices más elevados de consumo de alcohol y drogas; exposición a medios violentos, marginación, pobreza, violencia intrafamiliar y demás.

El programa se aplicará a partir de este mes y hasta diciembre y la expectativa es impactar directamente al menos a 180 familias con acciones de fortalecimiento de los valores personales y familiares, corresponsabilidad, autonomía, inclusión e igualdad; inserción social y la participación activa y productiva al seno de la familia.

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