“Chuecos” y Bácum: la ilegalidad institucionalmente tolerada

por Arturo Soto Munguia

Si algún demonio faltaba por soltarse en Ciudad Obregón, anoche se asomó el rostro de la otra violencia: la de propietarios de vehículos de procedencia extranjera que resistieron al operativo de decomisos, secuestraron a funcionarios estatales y retuvieron autos oficiales en protestas callejeras que terminaron por suspender el operativo y obligaron a abrir una mesa de negociación.

A solicitud de los alcaldes de Hermosillo, Guaymas, Navojoa, San Luis Río Colorado, Ciudad Obregón entre otros municipios, se iniciaron operativos para decomisar autos de alta gama marcas europeas y modelo 2010 en adelante. El primero se realizó en Hermosillo donde fueron sacados de circulación alrededor de 40.

Ayer por la tarde inició el decomiso en Ciudad Obregón, el municipio más golpeado por la delincuencia organizada, que en muchos casos utiliza ese tipo de vehículos para perpetrar sus fechorías. Esa fue precisamente una de las consideraciones hechas por las autoridades para meter orden en una situación a todas luces irregular, que fue creciendo como bola de nieve hasta llegar a unos 400 mil autos “chuecos” circulando en todo el estado.

Desde el inicio, la autoridad fue muy clara en el sentido de que sólo serían decomisados los autos de lujo y modelo reciente, con reporte de robo o que aparezcan en algún expediente criminal, no así aquellos que se encuentren afiliados a alguna organización de defensa del patrimonio familiar, cuenten con seguro de daños a terceros y sus propietarios tengan su licencia de conducir vigente.

Los requisitos no parecen desmesurados, considerando que, salvo el de la afiliación, son los exigidos a propietarios de autos nacionales, que por cierto fueron quienes más estuvieron presionando a la autoridad para poner orden en este tema.

De hecho, cuando comenzó el decomiso en Hermosillo, las agencias fiscales se vieron saturadas de propietarios de autos extranjeros para tramitar sus licencias de conducir, lo que evidencia que muchos de ellos andaban por las calles sin ese documento.

En Ciudad Obregón, sin embargo, los propietarios de autos “chuecos” se opusieron al operativo, retuvieron y dañaron unidades de la Coordinación Ejecutiva de Verificación del Comercio Exterior (CEVCE), detuvieron ilegalmente a un par de funcionarios de ese organismo y hasta hicieron estallar una bomba molotov durante los connatos de disturbios.

Entrada la noche, el dirigente de una de esas organizaciones “pafa”, Fidel Lugo Ayala confirmó que las autoridades cedieron a las presiones y regresarán cinco vehículos decomisados. Trascendió también que se abrirá una mesa de diálogo para buscar acuerdos, aunque no se sabe bien a bien cuáles serían éstos, ya que los criterios para el decomiso se encuentran claros.

Anoche mismo, el gobierno del estado hizo circular un video explicando de nueva cuenta dichos criterios.

El problema, como se ha insistido está viciado de origen y signado por prácticas de corrupción entre autoridades de los tres niveles de gobierno que permitieron la introducción y circulación ilegal de autos extranjeros.

Quizás por ello la solución también tiene un alto grado de complejidad, que anteriormente se ha paliado con procesos de legalización, pero cíclicamente el problema vuelve a aparecer.

Lo que sucedió en Cajeme es preocupante no sólo por el reto a la autoridad y la Fuenteovejuna que estuvo a punto de aparecer, sino porque en el contexto que actualmente vive ese municipio, no sería exagerado pensar que, al igual que ha sucedido en otras poblaciones del país, grupos de la delincuencia organizada azucen a la gente (o infiltren las protestas ciudadanas) para mantener un estado de cosas que favorece sus actividades.

Queda claro también que miles de familias no tienen más opción que hacerse de un “chocolate” para resolver sus problemas de movilidad y si bien lo hacen a través de una ilegalidad (que involucra también a las autoridades), el problema ya está aquí y hay que buscarle una solución que calme los ánimos, y no que detone la violencia.

La otra señal de alerta es que en Cajeme se prendió la mecha de una protesta que puede replicar en el resto de los municipios. Mucha mano izquierda se va a requerir para encontrarle una salida a este problema.

En Hermosillo, por ejemplo, ayer por la tarde el cabildo aprobó enviar al Congreso una iniciativa para adicionar una fracción en la Ley de Tránsito que haga obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil en todos los vehículos que circulen en Sonora.

II

Y a propósito de ilegalidades toleradas institucionalmente, lo que sucedió ayer en el Congreso del Estado parece marchar por esa misma ruta, con la paradoja de que se estaría dando en la mismísima casa donde se hacen las leyes.

Los diputados de Morena votaron en contra de la revocación del mandato al alcalde de Bácum, Rogelio Aboyte Limón, preso en Estados Unidos por falsificación de documentos, y con procesos anteriores por tráfico de drogas y de personas.

Así, en aquel municipio se está viviendo una situación histórica e inédita: el alcalde electo está preso; al interino ya se le venció el plazo para el que fue designado (90 días), y la sustituta, aprobada por el Congreso, no puede tomar posesión porque el cabildo local y los diputados de Morena siguen ganando tiempo quizás con la esperanza de que Aboyte Limón cumpla su sentencia y regrese al cargo.

Mientras, hay un vacío de poder en Bácum donde, además de los hechos violentos (que incluyen el hallazgo de una hielera llena de cabezas humanas, masacres entre grupos de la delincuencia organizada, amenazas de muerte contra regidores y un atentando contra el ex secretario del Ayuntamiento, Víctor Manuel Armenta, del que salió vivo milagrosamente), los pobladores sufren otros problemas.

La Comisión Federal de Electricidad cortó por falta de pago el suministro de energía en varios pozos que abastecen la red de agua potable y buena parte de la población tiene que lidiar con la falta de ese servicio.

Como telón de fondo, aparece la confrontación entre los diputados de Morena, que ayer mandaron a Graciela Soto a deletrear un documento en el que se le fueron a la yugular al presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Julio Alfonso Montes Piña, acusándolo de cualquier cantidad de cosas, mismas que provocaron una reacción del diputado en el sentido de que demandaría a sus detractores.

Lo curioso es que Montes Piña coordina la bancada del PES, aliado de Morena en la coalición Juntos Haremos Historia, con lo que se anticipa una nueva escalada en el deterioro de esa coalición.

Lo menos que les respondió Montes Piña a los diputados de Morena es que son unos ignorantes, y a sus asesores, que son “desasesores”.

Lo que sigue es la convocatoria a una nueva sesión extraordinaria del pleno para volver a tratar el caso Bácum. Mientras tanto, en el municipio los problemas escalan y no hay autoridad legalmente constituida.

Aunque la diputada Griselda Soto asegure que no ha habido ingobernabilidad en el municipio, y todo se trata de inventos de la prensa oficialista.

A esta historia todavía le faltan capítulos.

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