Fintech, el nuevo “riesgo” oficial de lavado de dinero

Tener un diagnóstico permitirá que se generen políticas públicas para proteger el sistema financiero y la economía nacional

por Fernando Gutiérrez

Autoridades mexicanas trabajan en la elaboración de la Segunda Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México. En esta labor se ha detectado que hay un riesgo nuevo, que en la primera edición del documento no se estableció, y es el relacionado con la operación de las empresas de tecnología financiera o fintech.

Según el documento preliminar de la segunda Evaluación Nacional de Riesgos, actualmente se realiza un análisis de la prevalencia de los riesgos que se plasmaron en la primera edición del documento, donde se identificaron 26 riesgos que enfrenta el país en relación con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

“En el 2016 se publicó la primera Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), la cual se elaboró para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales (GAFI), específicamente, la recomendación uno”, se lee en el documento preliminar de la segunda edición.

En la primera edición del documento, que se publicó en el 2016, se detectaron riesgos para el lavado de dinero como la delincuencia organizada, nivel de recursos ilícitos generados en el país, percepción de corrupción, falta de certeza jurídica y percepción de impunidad, economía basada en el efectivo, dimensión del uso del efectivo en dólares y otras divisas, uso de los puertos de entrada y salida internacional para mercancías de pasajeros con fines ilícitos, economía informal y sistemas de pagos.

Respecto a los riesgos de financiamiento al terrorismo, el documento en su primera edición identificó temas como la posición geográfica del país, la porosidad en las fronteras, la falta de conocimiento de capacitación de los sujetos obligados sobre los indicadores del financiamiento al terrorismo, generación de recursos para ser utilizados por terroristas para realizar algún acto en el país, abuso o utilización sin fines de lucro para facilitar el financiamiento a organizaciones terroristas, entre otros.

En este contexto, en esta nueva edición, según el documento preliminar a la segunda ENR, la operación de empresas fintech podría significar un riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

“Actualmente se está realizando un análisis de la prevalencia de dichos riesgos a fin de determinar su permanencia, así como la incorporación, en su caso, de aquellos que se detecten y que hasta la fecha tiene que ver con empresas conocidas como fintech”, se puede leer en el documento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En el transcurso del 2019, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, ha reconocido en diversas ocasiones que el uso de activos virtuales, como el bitcoin, ha estado relacionado con posibles casos de lavado de dinero, por lo que la unidad a su cargo ya los investiga.

Actualizar riesgos

La Evaluación Nacional de Riesgos es un ejercicio interinstitucional que permite a los países identificar, evaluar y entender los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que enfrenta.

Este documento, que se apega a la recomendación uno del GAFI, ayuda a los países que, con base en los resultados, se aplique un enfoque basado en riesgo para garantizar que las medidas implementadas para combatir el blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo sean proporcionales a los riesgos del país.

Según la UIF, tener un diagnóstico como la ENR permitirá que se generen políticas públicas para proteger al sistema financiero y a la economía nacional, prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita; establecer una coordinación interinstitucional que permita el combate, la investigación y persecución de los delitos con recursos ilegales.

Asimismo, la ENR permite detectar las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y bloqueo de los recursos para su financiamiento, con el fin de reintegrar, en su caso, recursos a la hacienda pública para la promoción de programas sociales, educativos y de desarrollo económico.

Fuente EE

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