Revocación del mandato: la apuesta por el conflicto permanente

por Arturo Soto Munguia

La aprobación de la revocación de mandato para el presidente de la República y los gobernadores es una reforma de gran calado. Fabulosa, porque parte de un espíritu profundamente democrático según el cual las mayorías de las que dimana el poder público tendrán ahora la posibilidad de revocarlo si consideran que el gobernante ha perdido su confianza.

El propio presidente suele resumirlo en una frase que usa con frecuencia: el pueblo pone, el pueblo quita.

La reforma, insisto, es fabulosa, aunque tiene un pequeñísimo detalle que la ensombrece: se aplicará en México.

En México, donde el calendario electoral tiene 365 días hábiles y los procesos electorales con toda su cauda de guerras y guerrillas políticas y mediáticas comienzan justo en el momento en el que cae a la urna el último voto de la elección que los precede.

La propuesta de reforma no pasó tal como llegó al Senado, donde se aprobó con 98 votos; hubo 22 en contra del PAN (excepto Damián Zepeda) y una abstención.

Originalmente se proponía que el presidente o el 33 por ciento de los diputados federales podrían solicitar la revocación de mandato; eso se eliminó y ahora sólo podrá solicitarse por el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Tampoco podrá ser concurrente con las elecciones federales, por lo que el nombre del presidente no aparecerá en las boletas en 2021. Sólo podrá solicitarse después del tercer año de ejercicio y sólo una vez por sexenio, con lo que se ahuyenta el fantasma de la reelección.

Si a algún presidente se le revoca el mandato, asumirá su cargo quien presida la Cámara de Diputados, y no el secretario de Gobernación, como se proponía originalmente. El INE sería el encargado de organizar nuevas elecciones.

Hasta allí todo bien.

El problema es que en México, sólo excepcionalmente un gobernante llega a su cargo con más del 50 por ciento de los votos. El caso de Andrés Manuel es esa excepción después del adiós al régimen de partido casi único que llevó a José López Portillo a la presidencia con el 90% de los votos en 1976, apoyado por el PPS y el PARM. Ese año el PAN no postuló candidato y el Partido Comunista y el Femenino tuvieron candidatos (Valentín Campa y Mariana González respectivamente), pero no registro.

Difícil, pero muy difícilmente alguien volverá a repetir la hazaña de López Obrador. El presidente que llegue en 2024 seguramente lo hará repitiendo escenarios de una votación muy fragmentada donde la suma de votos de los candidatos perdedores sería mayor que la del ganador. Tal y como venía sucediendo hasta antes de 2018.

Eso, candidateable lectora, aspiracional lector, es una apuesta al conflicto permanente. Los conflictos poselectorales, ya normalizados en el país tendrán ahora el ingrediente de la recolección de firmas para la revocación de mandato y su consiguiente activismo en todo el territorio nacional, gane quien gane.

Si en estos momentos la ocupación principal de los gobernantes es estar capoteando las embestidas de la oposición, y la de esa oposición organizar los llamados “golpes blandos”, imagínense con la posibilidad de revocar el mandato por la vía de las urnas.

II

Sin salirnos mucho del tema, para 2021 ya las principales fuerzas políticas en el país (y en Sonora) habrán tenido la oportunidad de probarse en el ejercicio de gobierno.

La gran autoridad moral de Morena y sus aliados, hasta antes de 2018 residía en muy buena medida en su condición de fuerza marginal, sin experiencia gubernamental. Hoy, basta ver lo que sucede en todos los municipios gobernados por ellos en Sonora, para preguntar seriamente si los ciudadanos le refrendarán su apoyo dentro de dos años.

El PAN, hoy en la oposición, parece olvidar que tuvo seis años el poder en Sonora, y fueron los más desastrosos que se recuerden en materia de corrupción, impunidad, nepotismo y agandalle.

El tema viene a colación a propósito del debate suscitado ayer en el Congreso del Estado sobre las cuentas públicas, en las que ambos partidos hicieron acres críticas al manejo de las finanzas estatales, pero unos no vieron la viga en el ojo de sus municipios, y otros pontificaron sobre transparencia y rendición de cuentas, temas que ni por equivocación llevaron al análisis comparativo con el sexenio anterior.

Movimiento Ciudadano, PANAL y PVEM tiene la voz más completa para los cuestionamientos, pero eso básicamente reside en que tampoco se han probado como gobierno.

El punto es que independientemente de los cuestionamientos, el dictamen de la cuenta pública del gobierno del estado fue aprobado por mayoría, al acreditar la solventación de mil 397 observaciones (de mil 609), quedando por analizar 167 y 45 por atender.

La explicación detallada de este tema, con el resumen de los posicionamientos lo puede consultar en https://www.elzancudo.com.mx/vernoticias.php?artid=20094&categoria=3

Por lo pronto, vale decir que los encargados de las finanzas estatales, el secretario de Hacienda Raúl Navarro Gallegos y el Tesorero Daniel Galindo sacaron la chamba decorosamente.

III

Y siguiendo con el tema oposición-gobierno, la que demostró tener muy claro cuáles son los cauces de civilidad y colaboración que debe regir en esa relación fue la gobernadora Claudia Pavlovich.

Al término del evento en que fueron entregadas 32 unidades de transporte urbano adaptadas para personas con discapacidad (lo que convierte a Hermosillo en la primera ciudad que en el país cuenta con el 100 por ciento de las rutas cubiertas en ese rubro), la gobernadora fue entrevistada sobre la eventualidad de abandonar el pacto federal, ante los nuevos criterios de distribución presupuestal, con los que estados y municipios se verán seriamente afectados en sus finanzas.

Dijo que de ninguna manera tenía eso en mente, como sí lo tienen otros gobernadores que se han manifestado en ese sentido.

La gobernadora sostuvo que este año el presupuesto estatal se vio disminuido en más de mil millones de pesos, y el que viene puede ser peor. Con eso se afecta también a los municipios, pues el estado no tendrá manera de apoyarlos en sus necesidades, que igual se verán acrecentadas toda vez que el gobierno federal disminuirá y en algunos casos eliminará partidas para proyectos de obra pública.

Lo explicó con un ejemplo: de nada sirve que yo cumpla con modernizar el transporte, dotar de unidades nuevas, que es lo que me corresponde, si los ayuntamientos no tienen para pavimentar y a la vuelta de unos meses, los camiones van a deteriorarse seriamente.

El tema de lograr un mayor presupuesto nos involucra a todos: gobernadores, alcaldes, diputados, senadores; y hay que seguir tocando puertas, buscando bolsas (fondos federales) que sí hay, pero se necesita insistir y gestionar. Abandonar el pacto federal no es la opción, sostuvo.

También me puedes seguir en Twitter @Chaposoto

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