Un gobierno de oposición II

✍🏻por Rafael Renteria


Dejar que los manifestantes del Frente Nacional Anti AMLO se planten en el Zócalo de la Ciudad de México es, además de una herejía para el principal inquilino de Palacio Nacional, un asunto de Estado, un reto a su vocación de estratega militar.

La plancha del Zócalo capitalino es una especie de territorio ocupado por la 4T, un símbolo de la campaña larguísima coronada con el triunfo electoral de 2018, una suerte de patrimonio personal que solo puede servir como escenario para las demostraciones de fuerza, de convocatoria del presidente.

Dejar que Frenaaa se plante en esa plancha es rendir la plaza, es asumir que el enemigo toma posesión del territorio simbólico de la cuarta transformación.

Andrés Manuel López Obrador ha llenado muchas veces ese espacio, desde su campaña por el gobierno de la Ciudad de México. El Zócalo acogió sus apoyos cuando Vicente Fox lo quiso desaforar y fue el escenario de multitudinarios mítines en sus campañas por la presidencia en 2006 y 2012, así como de sus luchas poselectorales.

También de su campaña en 2018 y allí celebró su toma de posesión en diciembre de ese año, antes de ir al acto protocolario en la cámara de diputados. Allí dio su primer informe de gobierno.

Para el presidente, el Zócalo es el corazón de su épica. ‘Magínense’ que se lo ceda al conservadurismo, a esa organización que exige su renuncia y que lo acusa de comunista.

Eso no va a pasar. Para ello tiene a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, su cuerpo de granaderos y sus argumentos bizarros. Primero dijo que no los habían dejado llegar porque allí los estaban esperando un grupo de provocadores que podrían agredirlos. Luego dijo que no permitirían su entrada por previsiones sanitarias contra el Covid19.

También tiene una legión de civiles que por lo pronto, ya fueron a confrontar a los manifestantes, plantados en avenida Juárez. Hasta hoy, no ha pasado de gritos y consignas, pero se está generando un ambiente que se puede descontrolar.

Lo comentaba en el despacho de ayer: Frenaaa no es el adversario más nutrido del presidente, pero sí el más visible. Sin prisa pero sin pausa, ya ha ganado importantes espacios en los medios tradicionales y las redes sociales. La reaparición de Ricardo Anaya, ex candidato presidencial panista en 2018 indica que la derecha ha oteado algo en el horizonte y va a por ello.

Anaya tuvo la nada despreciable cantidad de 12.6 millones de votos como candidato presidencial. Algo de capital político electoral le debe quedar y eso lo veremos más adelante.

Se sabe, y aquí lo hemos comentado varias veces, que cuando la izquierda falla como gobierno, lo que sigue es el resurgimiento de la derecha. Eso parece estar sucediendo.

Claramente, el gobierno de la 4T no está manco y hará lo que sea para impedirlo, incluyendo una escalada en el discurso y las acciones de confrontación que tan buenos resultados le dieron como candidato al ahora presidente.

Si como opositor Andrés Manuel tuvo la paciente obstinación de partir en dos al país, de sumar a su causa a 30 millones de electores y hacerse de la presidencia, ‘magínense’ ahora que tiene el control del aparato de Estado, con todo lo que eso implica.
Vienen días y noches de guerra, eso ténganlo por seguro.

II

Hay señales y razones para suponer que vamos hacia una elección de Estado, en la que el uso faccioso de las instituciones favorezca al partido gobernante, como sucedía hasta antes de crear el entramado institucional para organizar, fiscalizar y dirimir legalmente los procesos electorales.

La imperfecta democracia mexicana se ha venido desarrollando a contrapelo de los intereses gubernamentales en turno, pero sería injusto no reconocer que se ha avanzado mucho desde aquellos oscuros días en que el gobierno era juez y parte en las elecciones.

El INE, el TEPJF y sus homólogos en cada entidad federativa, en cada municipio del país, tienen que ser organismos imparciales, justos y profesionales para garantizar condiciones propicias a las causas de la democracia.

No es un secreto que el discurso presidencial tiene a esos organismos en la mira. El presidente está convencido de que son corruptos y corruptibles, fraudulentos y sometidos a los poderes de facto.

En esa lógica en la que ‘todos son corruptos menos yo’, machacada cada mañana desde el foro de las mañaneras, parecería que el presidente sugiere que la única manera de garantizar elecciones limpias es que éstas sean organizadas por el gobierno y no por los organismos autónomos, como sucedió hasta 1988.

Lo que estará en disputa el año entrante no es cosa menor. Es, entre otras cosas la continuidad de la hegemonía del partido gobernante, algo que luce complicado pero de ninguna manera remoto.

Las encuestas sobre los 15 estados donde habrá de renovarse la gubernatura ofrecen un escenario en el que Morena, el partido del presidente lleva la delantera en al menos 12. Pero quizás no quieran arriesgarse a alguna sorpresa.

En Sonora, uno de los pocos estados donde la ventaja de Morena aparece remontable se están viendo algunas cosas interesantes: el ancestral conflicto con la tribu yaqui se manifiesta en una toma de la carretera federal sin que las autoridades correspondientes luzcan intenciones de intervenir; la escalada de violencia del crimen organizado ha puesto de cabeza al gobierno estatal y los de varios municipios (incluidos los gobernados por Morena); el ahorcamiento presupuestal que privilegia los programas de Bienestar sobre cualquier otra cosa y la escalada en las campañas negras, por citar algunas.

En ese contexto, parece al menos sospechoso el citatorio que la Fiscalía General de la República ha hecho a tres magistrados del Tribunal Estatal Electoral y a dos consejeros del Instituto Estatal Electoral.

Más sospechoso aún que ni siquiera se conozcan las causas de ese citatorio y que, cuando dos de los implicados acudieron a la sede de la FGR para atender el citatorio, el agente del Ministerio Público que lleva el caso se negó a proporcionar esa información argumentando que aún estaba integrando el expediente.

Los magistrados sobre los que la FGR solicitó información (domicilios, fotografías, nombramientos) son Leopoldo Gonzáles Allard, Carmen Patricia Salazar Campillo y Héctor Sigifredo Cruz Íñiguez. También solicitan esa información sobre los consejeros estatales Francisco Arturo Kitazawa Tostado y Daniel Rodarte Ramírez.

Estos dos últimos se presentaron ayer en la fiscalía federal pero no obtuvieron información.

Rodarte Ramírez ha externado en sus redes sociales la preocupación por la investigación en curso y exigió a la presidente del IEE, Guadalupe Taddei Zavala que se pongan al frente de la defensa legal, como le corresponde, y al presidente del INE, Lorenzo Córdova que intervenga para disuadir a la FGR de lo que asume como un acto de intimidación con miras a minar el proceso electoral.
Hay que estar pendientes de este caso.

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