No me ayudes, compadre

Alfonso Durazo Montaño y David Rogelio Colmenares


✍🏻 por Arturo Soto Munguia


El informe que la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados es demoledor a la hora de derrumbar dos grandes mitos que pueden considerarse los pies de barro que sostienen a la 4T: 1.- Gobernar no tiene ciencia, y 2.- Basta con un 90 por ciento de honestidad y 10 por ciento de capacidad.

La ASF detectó irregularidades por más de 67 mil millones de pesos (¡67 mil millones de pesos!) en la cuenta pública del gobierno federal correspondiente a su primer año de ejercicio (2018-2019).

¿Qué significa esto? Básicamente que el destino de esos recursos fue desviado para fines distintos a los originalmente asignados, sin justificación alguna.

¿Se robaron 67 mil millones de pesos en su primer año? Nadie puede afirmar tal cosa, pero de entrada la ASF ha iniciado mil 804 procedimientos de fincamiento de responsabilidades resarcitorias y se integraron mil 438 expedientes de presunta responsabilidad administrativa.

Lo notable en este caso es que no fue alguna organización civil o algún ‘pasquín inmundo’ de los que traen a toallazos al presidente quienes encontraron este monumental desvío de recursos, sino el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados que tutela David Rogelio Colmenares, quien llegó al cargo con la votación mayoritaria de Morena (y algunos votos del PRI).

No estamos hablando de los 331 mil millones de pesos que costó la cancelación del aeropuerto de Texcoco, ni de la elevación del costo del aeropuerto de Santa Lucía, que comenzó en mil millones de dólares y ya va en 4.7 mil millones de dólares. Tampoco hablamos de los recursos que absorbió el gobierno federal con la eliminación de fideicomisos (que permanecen en la opacidad), o de los 125 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios tomados en 2019. Un fondo que por cierto se encuentra a punto de agotarse.

No. Estamos hablando sólo del gasto federalizado y la principal dependencia observada es la SCT con más de 22 mil millones de pesos; enseguida están la SADER y la de Bienestar, que administran el grueso de los programas sociales del gobierno federal y a las que les fueron observados más de ocho mil millones de pesos.

Como dato curioso, la secretaría de la Función Pública, instancia encargada de velar por las buenas prácticas gubernamentales, le negó el acceso a los enviados de la ASF, mostró resistencias al proceso de fiscalización y sus funcionarios se negaron a comparecer.

Sí, la SFP a cargo de Irma Eréndira Sandoval, el baluarte de la honestidad y la transparencia, que tiene varias observaciones de la ASF.

También el programa Servidores de la nación tuvo anomalías por más de 550 millones de pesos.

Que sea la SCT la más observada resulta natural, pues se auditaron los megaproyectos presidenciales (refinería Dos Bocas, Tren Maya, Tren Tansítsmico y aeropuerto Felipe Ángeles); y que enseguida destaquen las dependencias que operan los programas sociales también es natural, pues se auditaron las becas de Bienestar, el programa Sembrando vida, los créditos ganaderos a la palabra y el de Jóvenes construyendo el futuro, por donde se fueron más de 67 mil millones de pesos rumbo a un destino incierto.

Vuelvo sobre la pregunta: ¿Se los robaron? Y respondo: eso lo tendrán que determinar las autoridades competentes, pero si nos atenemos a la máxima lópezobradorista del 90 por ciento honestidad y 10 por ciento capacidad, cualquiera supondría que no se los robaron, simplemente no supieron administrarlos, ya que sus funcionarios son muy honestos pero muy incapaces.

Eso, claro, asumiendo que la premisa de los porcentajes sea cierta, lo que tampoco está plenamente acreditado.

Lo que sí está acreditado en ese mismo informe de la ASF, es que Sonora ocupó por tercer año consecutivo el primer lugar nacional con menos montos observados entre todos los estados del país.

Lo anterior seguramente causará urticaria en el equipo del candidato de Morena a la gubernatura, Alfonso Durazo y en él mismo, pues su campaña se ha basado en dos grandes ejes: la crítica sistemática a la administración estatal, y la oferta de un gobierno que, bajo su batuta, replique en Sonora lo que está haciendo López Obrador en el plano nacional.

Pero si la ASF por un lado reconoce a la administración de Claudia Pavlovich como la más eficiente y transparente en el uso de los recursos públicos, y por el otro evidencia el desastre administrativo del gobierno federal, pues a Durazo no le queda más que decirle al señor David Colmenares “No me ayudes, compadre”.

Simplemente, la ASF está echando por tierra la campaña de Morena en Sonora.

Y conste que todos los datos aquí presentados no son míos, sino del informe del señor Colmenares, así que si van a comenzar con sus zahirientes epítetos hacia este humilde recopilador de información, remítanse mejor a la ventanilla de la ASF.

Y es que según su informe, en Sonora se auditó el gasto federalizado en Educación, Desarrollo Social, Salud e infraestructura, además del ramo de infraestructura, que es el más cuantioso.

En resumen, en Sonora se auditaron 37 mil millones de pesos y sólo se observaron 605 mil 200 pesos, lo que le valió el primer lugar nacional como el estado con menor monto observado.

Cabe precisar también que esto no es nuevo. Desde 2016, Sonora se mantiene entre los primeros tres lugares en el adecuado manejo de los recursos federales, siendo que hasta antes de esa fecha, prácticamente todo el sexenio de Guillermo Padrés el estado no se movió de los últimos seis lugares. Repito por si se ‘brincaron’ algunas líneas arriba: son datos de la ASF, no míos ni de académicos grillos que teorizan desde el cubículo.

Ahí se las dejo.

II

Si consideramos el origen de los candidatos a la gubernatura ya registrados oficialmente, es claro que el estado será gobernado por alguien del PRI o del PAN, con mutaciones, adiciones, matices y demás, pero así es.

Del PRI vienen Alfonso Durazo, Ernesto Gándara, Ricardo Bours, Carlos Ernesto Zatarain y del PAN, Cuauhtémoc Galindo. La única candidata sin vínculos partidistas previos es Rosario Robles, de Fuerza Social por México.

Parece chascarrillo, pero es anécdota.

Aunque ya en un plano más serio -paradojas aparte- fue una verdadera ‘guasanga’ en redes sociales los registros de El Bebo Zatarain y de El Temo Galindo. Uno por el PES y otro por las Redes Sociales Progresistas, partidos que por ser de nueva creación están impedidos para hacer alianzas, pero si por ellos fuera, estarían encantados de sumarse al tren de Morena.

De hecho, El Bebo, priista de toda la vida recientemente se había incorporado a la campaña de Durazo como coordinador de planes de Desarrollo Municipal, y el Temo, panista de toda la vida, estaba trabajando hasta la semana pasada en labores de proselitismo para el mismo Durazo.

Hay quien sostiene que estos personajes, incluyendo a la candidata Rosario Robles, llegado el momento declinarían a favor de Durazo.

Creo que no es así. El objetivo de los mismos es ‘jalar’ los votos que les permita su capital político (si es que lo tienen) entre sus ex correligionarios del PRI y del PAN, para restárselos al candidato de la alianza Va por Sonora, Ernesto Gándara.

¿Cuántos serían? Difícil predecirlo, aunque estimo que no serían muchos. Sin embargo, esta táctica evidencia que desde Morena se prevé una contienda más cerrada de la que públicamente reconocen, en la que uno, dos o tres puntos porcentuales podrían decidir la elección.

Por cierto, ayer en redes sociales el ex panista Antonio Astiazarán cuestionó el uso de ‘partidos satélites’ por parte de Morena, recibiendo de inmediato respuesta de un morenista argumentando que si alguien usó esos partidos para legitimar sus triunfos, dividir a la oposición y sumar votos en alianza, fueron precisamente el PRI y el PAN.

Y no le falta razón al morenista. Partidos como el PANAL, el PVEM y el PT, en su momento fueron aliados del PRI o del PAN, de la misma forma como lo son hoy de Morena. Del PES, RSP y FSM podría decirse que son la reencarnación del PPS, el PFCRM o el PARM, por citar algunos que ayudaron a legitimar la hegemonía del PRI.

Sólo resulta curioso que cuando alguien cuestiona los métodos de la nueva hegemonía morenista, perversos, mañosos y convenencieros, el último argumento que les queda es decir que el PRI también lo hacía. O el PAN.

Y de nuevo, no les falta razón. El punto es que no abonan mucho a validar la idea de que son diferentes.

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