Todos los políticos hablan de la democracia como un valor supremo, como una forma ideal de vida, hasta que tienen la oportunidad de influir para cambiar las cosas, para dejarlas como estaban o similar modificarlas.

Defender el orden establecido por la Constitución Política y mantener el equilibrio de poderes, es la tarea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México; no existe en nuestro país autoridad o recurso legal que se encuentre por encima de sus decisiones.

La explosión del ducto Tuxpan-Tula, que desencadenó en la tragedia ocurrida en la comunidad de San Primitivo, municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, no impactó sólo a las víctimas.

También exhibe a México, en el plano internacional, acerca del nivel cultural y del comportamiento colectivo como mexicanos y de una autoridad que no puede actuar como tal.

El reciente caso del presidente municipal de Bácum, Rogelio Aboyte Limón, postulado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), detenido por autoridades de Estados Unidos al utilizar un pasaporte con nombre falso y por contar con antecedentes penales en ese país, nos debe servir para una profunda reflexión.

A Sonora le va mal de inicio, en el 2019, porque empieza el año prácticamente sin recursos federales.

En la distribución del presupuesto, con la centralización de los recursos y la reorientación del gasto por parte del Gobierno federal, a nuestro Estado le fue pésimamente.

El 2018 fue de grandes expectativas para los mexicanos -incluyendo a los sonorenses-, pero el año está por terminar y los cambios sin concretar, en lo económico y en lo social,  en lo político se están realizando.

El tope a las remuneraciones de los servidores públicos, que pretende el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no deja de ser una buena intención, pero no debe olvidar que México es un país de instituciones, de leyes que se deben respetar y en su propósito provoca el conflicto entre poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La discusión en la Cámara de Diputados para eliminar el fuero constitucional a funcionarios públicos, incluido el Presidente de la República,  ha llevado más tiempo del necesario en el México actual.

Andrés Manuel López Obrador asumirá el Gobierno de México este 1 de Diciembre con un reto descomunal ante los mexicanos, en todos los niveles, en lo social, lo político y en lo económico… Aunque inicia con una aceptación a la baja según la última encuesta del diario el Universal, a causa del desencanto por las promesas que no podrá cumplir y del desgaste desde su “gestión virtual”.

A México le urge la paz y recuperar la seguridad, ante la violencia que se muestra imparable. Y este es un clamor generalizado de los mexicanos.

La percepción de inseguridad por la que atraviesa el País demanda de medidas y acciones a fondo, que traigan una verdadera transformación, que recobre la tranquilidad que tanto necesitan los ciudadanos y que el Estado está obligado a garantizar.

“Prometer no es difícil, cumplir si lo es”. Y esto viene a relación de la promesa de Andrés Manuel López Obrador como candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia” de acabar con “los gasolinazos”, pero ahora como presidente electo cambió el ofrecimiento para desencanto de millones de mexicanos que pagan los altos precios de los combustibles.

La histórica decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reafirma el Derecho Constitucional para la no prohibición del uso del cannabis, establece una jurisprudencia que abre la puerta para legalizar su consumo en México.

Los resultados de la Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no sorprendieron a nadie porque no arrojaron nada nuevo, sólo vinieron a ratificar lo que estaba previsto: Sirvieron para legitimar la cancelación de la obra de Texcoco y favorecer el proyecto propuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

El éxodo masivo de inmigrantes centroamericanos a México evidenció la vulnerabilidad en nuestra frontera Sur, en un atentado a la soberanía nacional, que pone entre “la espada y la pared” al Gobierno de Enrique Peña Nieto, al final de su gestión, ante esa entrada abrupta y las presiones de Donald Trump.

Los ciudadanos exigen una mayor rendición de cuentas de la administración gubernamental, a través de una verdadera fiscalización que dé certeza sobre los recursos públicos, generados con nuestros impuestos, de que se están aplicando bien, en atender las necesidades de la población y en obras para el desarrollo.

La culminación favorable del proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), es trascendental para la región con 500 millones de habitantes que representa uno de los mercados más grande del mundo.

En México debemos pasar de un salario mínimo a un salario digno, que logre incentivar la productividad y la competitividad; que se traduzca en calidad de vida para los trabajadores, también en crecimiento de las empresas y de la economía.  

Las autoridades municipales, que tomarán posesión a partir de este 16 de septiembre, enfrentarán una “dura prueba de fuego” al recibir administraciones con finanzas en quebranto, endeudadas, la mayoría, con deficientes servicios públicos y, lo peor, algunas con graves problemas de inseguridad.

El usuario es, una vez más, el rehén de las exigencias de los concesionarios que amenazan con paralizar el transporte público de manera indefinida.

Las administraciones municipales llegan al final de su gestión de los tres años y se ha vuelto una práctica que las autoridades salientes intentan, de última hora, sacar todos sus compromisos con la entrega de terrenos para liquidar los adeudos, pero también heredan pendientes de pagos y servicios públicos en malas condiciones.